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Tardías proyecciones del gobierno cubano contra el terrorismo

Por el 25 febrero, 2015
El gobierno cubano y algunos partidarios exigiendo la eliminación de Cuba en la lista de países que promueven el terrorismo.
El gobierno cubano y algunos partidarios exigiendo la eliminación de Cuba en la lista de países que promueven el terrorismo.

Desde el oscuro 11 de septiembre del 2001 existe una clara y mayoritaria concertación internacional contra ese azote llamado terrorismo, aunque ya en 1999 la Resolución 1267 del Consejo de Seguridad de la ONU, se perfilaba contra grupos fundamentalistas islámicos como Al-Qaeda, pero es ahora, 15 años después cuando conocemos las tardías proyecciones del gobierno cubano sobre un tema tan sensible.

¿Por qué demoró tanto el gobierno cubano en adecuar y atemperar su legislación con las normativas del derecho internacional contra operaciones de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, tráfico de armas y otros delitos de impacto global?

El Decreto-Ley 317, firmado por el General Raúl Castro, y el Decreto 322 del Consejo de Ministros que entraron en vigor el 23 de enero del 2013 llamaron mucho la atención de los cubanos, entre los que me encuentro, así como de importantes analistas extranjeros.

Es que Cuba no deja de enarbolar diaria y enérgicamente su estandarte en la llamada lucha anti-terrorista, sobre todo después de que fuera desarticulada una vasta red de agentes cubanos (recientemente devueltos a la Isla luego del canje con el analista norteamericano Alan Gross) que operaban en territorio estadounidense a finales de los años 90 del pasado siglo; a ellos no los considera públicamente como oficiales de inteligencia a su servicio sino como luchadores anti-terroristas.

Ahora que el gobierno está en “negociaciones” con Estados Unidos para intentar normalizar las relaciones e instaurar embajadas en ambas naciones, una de las solicitudes formuladas por la parte cubana para este acuerdo, ha sido que Cuba sea eliminada de la lista de países que promueven el terrorismo.

Por otra parte, muchos nos alarmamos aún más cuando conocimos que el aparato que fue encargado por la élite gobernante para el intercambio de información con estos propósitos y de la coordinación de acciones de prevención y detección, así como en las investigaciones penales es nada más y nada menos que Dirección General de la Policía General Revolucionaria (DGPNR), posiblemente la fuerza represiva menos apta y capaz de las que están a su servicio.

¿Y qué decir de la flamante Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras (DGIOF) del Banco Central de Cuba, un anquilosado módulo burocrático que ni pinta ni da color por lo que seguramente se nutrirá con elementos desmovilizados y en activo de los Ministerios del Interior y de las Fuerzas Armadas?

Raúl Castro y sus adláteres no han adoptado estas medidas por ser buenas personas ni nada por el estilo: estaban obligados para seguir llevando adelante esa operación de “mejoramiento de imagen internacional” que emprenden, lo que puede facilitarle el diálogo planteado con Estados Unidos y los países de la Unión Europea, atraer nuevos inversores, así como unos muy necesarios financiamientos externos, entre otros objetivos.

Muchos acá nos preguntamos también que se harán los militantes de ETA y de las FARC EP que desde hace muchos años tienen sus residencias en La Habana.

Nada, que las tardías proyecciones del gobierno cubano para enfrentar el terrorismo engendran en la población cubana muchas preguntas que no tienen respuesta.

Autor: Carlos Novás Piedra

Original de Marianao, Ciudad de La Habana, Cuba. Licenciado en Ciencia de la Información. Estuvo vinculado al área científica y técnica en 10 años de su carrera, pero actualmente escribe y colabora como columnista para sitios web en temas de Política, Filosofía, Economía, Sociología y Jazz.

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